MATAR A UNA PUTA SINDICALISTA
8 septiembre, 2023

La letra chica de la impunidad

La investigación del crimen de Sandra Cabrera empezó la mañana del 27 de enero de 2004 y en tres años acumuló 11 cuerpos, más de dos mil fojas, cientos de testimonios y pruebas. Quienes pedían por el esclarecimiento vivieron la sensación de justicia e injusticia en pocos meses. Hubo un solo imputado que después de estar 120 días detenido quedó sobreseído.

El expediente que reúne la investigación del crimen de Sandra Cabrera no está en Tribunales. Hace unos ocho años quedó guardado en ATE Rosario, a pocos metros de la primera y única oficina que la dirigente de las putas habitó. Son más de 2 mil fojas que se distribuyen en once cuerpos; once carpetas rojas identificadas con fibrón negro y letra mayúscula prolija: Cuerpo 1, Cuerpo 2, Cuerpo 3. Y así. 

La guardiana del expediente se llama Liliana Leyes. Es una dirigente gremial de pelo rubio, rulos, estatura media. Nadie sabe cómo hace, pero siempre la podés encontrar en el sindicato, en la marcha o asamblea feminista de turno. Liliana está al frente del área de género del gremio y en todos lados, en todas las causas, en todas las discusiones. También en la historia de Sandra: compartieron el día a día en las oficinas del gremio, aprendió de ella sobre la situación de las prostitutas y cuando la mataron y estuvo en cada reclamo  por el esclarecimiento del crimen. Cuida el expediente después de que Macarena, la hija de Sandra, se lo entregara porque no lo quería tener más con ella. 

Foto: Ana Isla

La causa judicial es el detalle explícito de un cuerpo asesinado. Las miles de formas de vivir una noche en la que aún no se sabe qué pasó. Es el pantallazo de una vida, un fragmento, un recuerdo. Un rejunte de piezas que no se va a completar, porque siempre se podría haber hecho algo más. 

El expediente es también un testimonio de época: la convivencia entre la máquina de escribir, el manuscrito y las primeras computadoras. La mala calidad de las fotos, la poca circulación de celulares, la inexistencia de cámaras de seguridad. 

Es un testimonio de época porque las voces que ocupan sus fojas dan cuenta de las detenciones sistemáticas que sufrían las mujeres y travestis que trabajaban en la noche, del ninguneo de la policía y de la violencia institucional. Marca un tiempo donde el poder policial se ejercía con  los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas que penaban con hasta 20 días de cárcel la prostitución escandalosa y callejera, la ofensa al pudor y el travestismo. Es un testimonio de época porque deja en claro cómo era posible dar de baja una investigación al considerar los testimonios de trabajadoras sexuales son “frágiles, que pertenecen a personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante, que no pueden otorgar datos certeros”. 

A lo largo de los once  cuerpos, el expediente da cuenta de las primeras llamadas registradas el 27 de octubre de 2004 hasta el momento en que se dicta el sobreseimiento del único sospechoso del asesinato, detenido durante cuatro meses Es un recorrido por las voces, pericias y pruebas que descubren, primero, que se trata del cuerpo de Sandra Cabrera, después, de las múltiples razones que llevarían a que la maten. ¿Fue un cliente? ¿Fue alguno de los agentes de moralidad pública que ella venía denunciando por coimas y maltrato? ¿O algún bolichero de la zona cómplice de la trata de menores? ¿O el policía con el que mantenía una relación? 

Los testimonios van armando a una mujer compleja, madre atenta, laburante y solidaria, que se metía en las comisarías a repartir volantes del sindicato entre  las putas detenidas. Una sanjuanina de carácter fuerte, que más de una vez golpeó la puerta de la casa del papá de su nena lista para irse a las piñas. Una dirigente sindical mediática, con conciencia de clase, enamorada de un cana. También son una denuncia permanente al abuso policial y de poder, el circuito de la droga y la caja negra, las complicidades y relaciones personales entre trabajadoras sexuales y policías. 

La mañana del 27 de enero de 2004 la causa judicial quedó a cargo del juez Carlos Carbone y el fiscal Ismael Manfrín. Carbone siguió desde un primer momento las huellas de la policía en el crimen. Sandra Cabrera venía peleando contra Moralidad Pública, dependiente de la policía santafesina, y hacía menos de una semana había vuelto a denunciar a un ex integrante. La dirigente gremial había dejado en claro que tenía miedo “que le venga un vuelto” por ese hecho. 

La investigación, sin embargo, decantó en la Policía Federal y su área de Drogas Peligrosas. La fuerza nacional convivía con Moralidad Pública y las comisarías 6º y 7º en la zona de trabajo sexual de la Terminal, donde mataron a Sandra. Todas se disputaban los negocios de la zona y el avasallamiento a los pocos derechos que tenían las putas. 

A mediados de 2004, Carbone procesó al ex subjefe de Drogas y último vínculo amoroso de Sandra Cabrera. La resolución fue acompañada por el fiscal y el policía federal estuvo detenido unos cuatro meses. Lo liberaron en noviembre de ese año, por resolución de la Sala I de la Cámara Penal, integrada por Ernesto Pangia, Eduardo Sorrentino y Alberto Bernardini, que consideró que las pruebas contra no eran suficientes. 

Carbone fue recusado meses más tarde y el expediente cambió de magistrado. En 2007, el juez de Instrucción de la 10° Nominación, Alfredo Ivaldi Artacho, dictó el sobreseimiento del único imputado y detenido por el delito de homicidio agravado por alevosía contra Sandra Cabrera. En los años siguientes no hubo otras líneas de investigación y la causa quedó impune. 

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